Este miércoles 22 de julio de 2026, Nicolás Maduro enfrentará su tercera audiencia judicial en Estados Unidos, un proceso que ha marcado un giro histórico en la política venezolana y en la relación del país con la justicia internacional.
Han pasado seis meses desde su captura el 3 de enero, cuando el derrocado mandatario fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado de narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Desde entonces, el caso ha estado bajo la supervisión del juez Albert Hellerstein, quien ha dejado claro que se trata de un juicio penal y no de un debate político.
Primeros choques en la corte
En su primera comparecencia, el 4 de enero, Maduro intentó presentarse como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” y denunció haber sido “secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos”. La respuesta del juez fue tajante: “Señor, sólo le pregunté su nombre”. Con esa frase, Hellerstein marcó la pauta: ningún título político tendría cabida en su sala.
Cuando se le pidió declarar su posición frente a los cargos, Maduro insistió en su inocencia: “Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente”.
La segunda audiencia: sin títulos ni privilegios
El segundo capítulo del proceso también estuvo marcado por tensiones. La defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, intentó referirse a ella como “primera dama”. El juez interrumpió de inmediato: “Aquí no hay primeras damas. Esto es un juicio”.
La defensa buscó desestimar el caso alegando falta de recursos para pagar honorarios legales, debido a las sanciones de la OFAC que bloquean sus activos. Sin embargo, Hellerstein rechazó la petición y autorizó el uso de fondos venezolanos congelados para cubrir los gastos, una decisión que ha generado indignación en la población venezolana.
Lo que está en juego
La tercera audiencia se perfila como un momento decisivo. Maduro ya no podrá recurrir a discursos políticos ni a títulos oficiales: la corte ha establecido que este proceso se centra en delitos comprobables, pruebas y testimonios.
El caso no solo expone la caída de quien se autoproclamaba líder de Venezuela, sino que también refleja el choque entre la retórica de poder y la realidad judicial estadounidense.