La concejal Tiffany Cabán, principal promotora de la iniciativa, sostiene que grandes corporaciones ejercen un fuerte control sobre rutas, horarios y condiciones laborales mientras mantienen a muchos conductores bajo empresas contratistas. Los partidarios del proyecto aseguran que el cambio podría ofrecer mayor protección a los trabajadores y establecer nuevas normas de seguridad para las instalaciones de reparto.
Amazon, sin embargo, advierte sobre consecuencias económicas importantes. La compañía afirma que su red en Nueva York incluye a más de 40 pequeñas empresas asociadas que emplean a más de 5,000 personas, y sostiene que la nueva regulación podría obligarla a reconsiderar la ubicación de parte de sus operaciones fuera de la ciudad.
Cabán ha rechazado las advertencias de que miles de puestos desaparecerían y asegura que forman parte de una campaña empresarial contra la legislación. El proyecto cuenta con un amplio respaldo dentro del Concejo y también con el apoyo del alcalde Zohran Mamdani, cuyo gobierno argumenta que las grandes compañías deben asumir mayor responsabilidad por las condiciones de trabajo y la seguridad en las calles.
El debate ahora plantea una pregunta difícil para Nueva York: ¿puede la ciudad reforzar los derechos de los trabajadores sin provocar que grandes operadores trasladen empleos y centros de distribución fuera de los cinco distritos?
La decisión podría convertirse en un precedente importante para otras ciudades de Estados Unidos que también buscan regular el creciente negocio de las entregas de última milla.
